El día de ayer, 26 de marzo, los padres de Noelia Castillo, una joven española de 25 años que padecía paraplejia, depresión y otros trastornos mentales, se fueron a casa con un hecho devastador en sus vidas. Luego de dos años de batalla judicial, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) decidió que el Estado español debía renunciar a garantizar la salud de Noelia y, en lugar de eso, propinarle la eutanasia.
No tenía ninguna enfermedad incurable, pero el supuesto “panel de expertos” que integran la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña y, por lo menos, cinco instancias judiciales hicieron posible que médicos asesinaran a Noelia en lugar de darle los tratamientos adecuados para su condición, aun en contra del sentir de sus padres, para quienes la pérdida de su hija sin duda fue un evento desgarrador.
Historias como esta exponen algunas de las consecuencias dramáticas que puede implicar legalizar la violación de un derecho humano fundamental: el derecho a la vida. Aun cuando se promueve bajo la bandera de la compasión, la eutanasia no solo trastorna la vocación médica, sino que exime al Estado de su responsabilidad para garantizar el bien de sus propios ciudadanos y es, en definitiva, lo opuesto a una muerte digna.
Para argumentar esta postura, se puede empezar por citar la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que es el primer consenso mundial sobre los derechos y libertades inherentes a todas las personas. En su preámbulo, el documento establece que las garantías individuales acordadas son “universales” e “inalienables”, es decir, que no pueden ser eliminadas de una persona aun cuando ésta así lo decida, puesto que se derivan de “la dignidad intrínseca”.
Al contradecir este principio ético fundamental, la eutanasia, por tanto, no solo abre la puerta a terribles violaciones contra los derechos humanos, sino que desconoce en el acto la dignidad intrínseca de la persona que solicita asistencia para morir. En pocas palabras, un Estado que procura la muerte asistida afirma institucionalmente que la vida de ciertas personas no vale nada, lo que alimenta una narrativa deshumanizante y resulta cruel tanto para la persona paciente como para sus familiares, tal como fue el caso de Noelia Castillo.
Es preocupante que personas enfermas, discapacitadas, de la tercera edad o con problemas emocionales y de salud mental pierdan la sensación de que su vida es importante, pero más preocupante es que se promuevan políticas públicas que ratifiquen ese menosprecio por la propia dignidad, en lugar de brindar un apoyo
integral que mejore el bienestar físico y emocional de seres humanos en una situación desesperanzadora.
Cuando hablamos de eutanasia, debemos hacernos esta pregunta: ¿quién decide quién es apto para morir y quién no? Al aceptar transgredir un derecho humano fundamental con procedimientos de muerte asistida, no hay pauta objetiva que valga para establecer límites y, en la práctica, los criterios de su aplicación tienden a extenderse a situaciones no terminales, lo que inmediatamente pone en riesgo a las poblaciones más vulnerables, que pueden sentirse presionadas a optar por morir ante el sentimiento de ser una carga para su familia o para la sociedad.
Ejemplo de esto no solo es el caso reciente de Noelia en España; otras leyes de eutanasia en países como Canadá, Bélgica, y Países Bajos también han ido ampliándose progresivamente hasta el punto de permitir la muerte asistida para personas con discapacidad, autismo o simplemente depresión.
Un estudio publicado en 2022 en el Journal of Palliative Care en Canadá demostró que la mayoría de las solicitudes para recibir la eutanasia en un hospital de Ontario (58.1 %) provenían de pacientes de un nivel socioeconómico bajo, lo que refleja aún más el carácter desigual de la muerte asistida, que se aplica en mayor medida dentro de poblaciones que se encuentran en vulnerabilidad económica, cuya dignidad inherente se está poniendo en entredicho.
No es digno que se desconozca el valor de una vida por padecer determinadas condiciones sociales, físicas o emocionales. Incluso en las situaciones terminales, conceder la posibilidad de la eutanasia implica un desprecio contra la persona humana que es incompatible con el significado de la compasión.
En su lugar, existen otras alternativas médicas para atender el sufrimiento causado por padecimientos mentales y enfermedades potencialmente mortales de una manera digna y basada en el respeto a los derechos humanos. En concreto, podemos nombrar el caso de los cuidados paliativos, que están reconocidos internacionalmente dentro del contexto del derecho a la salud y cuya función es aliviar el sufrimiento a través del tratamiento adecuado del dolor y de otros problemas de orden físico, psicosocial e incluso espiritual.
En un mundo donde, de acuerdo con la OMS, solo el 14 % de las personas que necesitan asistencia paliativa la reciben, el acceso digno a un tratamiento adecuado del dolor hasta el fin natural de la vida debería ser la prioridad de los gobiernos y las organizaciones sociales que, en vez de eso, han impulsado y promovido el descarte masivo de seres humanos a través de la eutanasia.
No es muerte digna, es negación de la dignidad.